La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca inició una investigación preliminar contra el alcalde Wilman Jorge Bravo Quispe y un grupo de regidores, por el presunto delito de Desobediencia a la Autoridad, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advirtiera el incumplimiento de sus disposiciones referentes al proceso de vacancia municipal.
¿Qué dice la disposición fiscal?
Según los documentos notificados, el Ministerio Público considera que existen elementos suficientes para abrir investigación debido a que las autoridades municipales no habrían acatado el mandato del JNE, el cual ordenaba convocar una sesión extraordinaria para resolver el pedido de vacancia en un plazo estricto de 15 días hábiles.
El expediente fiscal detalla que, ante el reiterado incumplimiento, el órgano electoral dispuso remitir copias certificadas a la Fiscalía para investigar la posible comisión del delito previsto en el artículo 368 del Código Penal.
Quiénes están siendo investigados
El caso involucra al alcalde Jorge Bravo y a los regidores:
- Milagros Veronika Salazar Vega de Fuentes
- Nills Huamantumba Velásquez
- Elizabeth Diana Montero Baldeón
- Julio Enrique Oropeza Mendoza
- Sara Milagros Espinoza Gutiérrez
- Wilser Joel Mosqueira Flores
- Juan Brian Huamán Reyes
- Lupe Diana Cotaquispe Villena
- Michel Roderic Rivas Yauyo
Todos han sido notificados formalmente a través de cédulas emitidas por la Fiscalía.
Lo que ordena la Fiscalía
La disposición fiscal solicita a la Policía Nacional ejecutar diversas diligencias, como:
- Recopilación de declaraciones de investigados y testigos.
- Acopio de documentación referente a las sesiones extraordinarias del Concejo.
- Análisis de los actuados remitidos por el JNE.
- Elaboración de actas detalladas conforme al Código Procesal Penal.
Además, establece un plazo para la PNP a fin de presentar un informe formal al término de las investigaciones.
Contexto del caso
La investigación surge luego de que el JNE declarara nulo un acuerdo del Concejo Municipal relacionado con un pedido de vacancia y ordenara convocar nuevas sesiones. El incumplimiento reiterado llevó al órgano electoral a trasladar el caso a la Fiscalía para que evalúe responsabilidades penales.
El Ministerio Público ha señalado que el carácter obligatorio de estas resoluciones convierte en delito la desobediencia explícita a lo ordenado por la autoridad electoral.
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